Se logró resolver un conflicto que llevaba 39 años postergado con la recuperación de 39 mil metros cuadrados, cuya inversión fue de 45 mdp y representó un ahorro aproximado de 294 mdp
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que se recuperó el Predio Ex Rancho San Isidro y Santa Bárbara que consta de 39 mil metros cuadrados, ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl de la ciudad capital, con una inversión de 45 millones de pesos, lo que permitió rescatar 13 predios que podrán ser utilizados para obras de beneficio social.
En conferencia de prensa en Patio Central de Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo local informó que el Gobierno del Estado dio cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo por el que se ordenó dejar insubsistente el procedimiento expropiatorio de 39 mil metros cuadrados, pertenecientes al ex Rancho San Isidro y Santa Bárbara, “toda esa zona que en la época del gobernador Tulio Hernández quedó expropiado para crear ahí oficinas, como esto no fue así; la familia empezó a llevar un procedimiento jurídico, se llevó muchísimos años y esto causó una sentencia federal”.
Lo que derivó en que el Ejecutivo debería pagar una cantidad muy fuerte de recursos, situación que con mucho esfuerzo y trabajo resolvió la presente administración estatal, para frenar una grave repercusión económica para el estado, “esta ejecutoria ordenó a este Gobierno la restitución a la sucesión que promovieron los antiguos propietarios, mediante el juicio de amparo, respecto de los más de 39 mil metros cuadrados que comprende la superficie de los lotes mencionados”.
Destacó que tomando en consideración que dicha superficie en su mayoría se encuentra ocupada por terceros, el Gobierno ante la imposibilidad jurídica y material para proceder a la restitución de los predios y a efecto de evitar un conflicto social, decidió convenir con la parte quejosa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y acordaron un pago total de 45 millones de pesos.
Aclaró que de esta cifra fueron saldados este año 40 millones de pesos y en el mes de abril de 2023 se pagarán los 5 millones de pesos restantes, por lo que, a cambio de la sucesión, la parte quejosa cedió en forma amplia y sin reserva, ni limitación, todos los derechos sobre la mencionada superficie, incluso la posesión y propiedad, resolviendo de esta manera varios aspectos.
“Aquí ya tenemos la escritura pública a nombre del Gobierno del Estado, este predio pasa a ser parte ya de los bienes del Gobierno del Estado, y aquí resolvimos varios aspectos, primero que, se dio cumplimiento a esta ejecutoria de amparo que, de no hacerlo, este gobierno hubiera tenido que cubrir la totalidad de la sentencia por un monto aproximado de 339 millones de pesos”, expuso.
Cuéllar Cisneros reiteró que la sentencia ya era condenatoria y representaba una cantidad desmedida, por ello, gracias a la labor jurídica, se convino un pago total de 45 millones de pesos por esta superficie, lo que permitió recuperar 13 predios que podrán ser utilizados para obras de beneficio social, “esto representa un ahorro real para el Gobierno del Estado de aproximadamente 294 millones de pesos”.
Anunció que se iniciará con un proceso de regularización de los espacios que ya están ocupados desde hace 39 años, por lo que llamó al diálogo para realizar comodatos y las formas contractuales que procedan, y garantizó que se respetará el derecho de terceros que acrediten su buena fe, además de que se promoverán las acciones legales que resulten pertinentes en los casos que así corresponda.
De ahí que la mandataria estatal externó que para su gobierno es fundamental el orden público y la paz social, “de esta forma estamos resolviendo un conflicto que ya llevaba 39 años de una lucha (…) este gobierno siempre va a privilegiar la conciliación como el instrumento más importante para dar soluciones”.
En este evento estuvieron presentes el consejero Jurídico del Ejecutivo, José Rufino Mendieta Cuapio; el asesor Jurídico del Despacho de la Gobernadora, Manuel Vázquez Conchas; el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno, Miguel Sánchez Ramírez; de la Consejería Jurídica los jefes de Departamento, Raymundo Amador García y Arián Israel Nava Juárez y la abogada Wendy Rojas Rojas.
