La PGJE capturó a 43 imputados por secuestro durante 2020

El trabajo en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) permite obtener estos resultados contra la delincuencia.

Con acciones operativas sustentadas en el trabajo jurídico y pericial, durante 2020 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) logró la captura de 43 personas involucradas en secuestros cometidos en la entidad y otros estados, mismas que se encuentran actualmente a disposición de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

A través de la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro (FECS) adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (UIDAI) y la cooperación estrecha con la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), se ha dado puntual atención a las investigaciones que se siguen en contra de quienes cometen esta conducta delictiva.

Derivado de estas acciones, durante 2020 se registraron 15 secuestros, de los cuales a través de operativos tácticos y del asesoramiento correspondiente en el manejo de crisis se logró el rescate de 30 víctimas en optimas condiciones de salud, mientras que en un solo caso la persona fue hallada sin vida.

En estas investigaciones, se capturaron a 43 personas, en cuyos casos el Agente del Ministerio Público acreditó la conducta desplegada, permitiendo a la autoridad jurisdiccional contar con los elementos suficientes para mantener a los imputados bajo prisión preventiva, o en casos específicos, se encuentran enfrentando su proceso ante las autoridades correspondientes del estado donde lo cometieron.

Lo anterior es resultado del compromiso de la institución por fortalecer la atención y combate a los delitos de alto impacto, a través de acciones para prevenir el delito, fortalecer las capacidades y el trabajo interinstitucional, promover el conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz y brindar asistencia a las víctimas de secuestro.

La Procuraduría de Tlaxcala mantiene el compromiso de continuar trabajando de manera operativa, científica y jurídica a través de la creación de unidades especializadas que investiguen los delitos de manera integral. 

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