Se siguen otras líneas de investigación en las que ya trabaja la institución para esclarecer los hechos del martes por la noche; esposa e hijos de José Ismael Hernández ya reciben las medidas de protección necesarias
La subprocuradora de la PGJE, María Azucena Jiménez Pacheco, en rueda de prensa descartó que el crimen organizado o grupo armado haya participado en el asesinato del presidente de comunidad de Jilotepec, José Ismael Hernández González del municipio de Ixtacuixtla, perpetrado ayer martes por la noche
Jiménez Pacheco, acompañada de Víctor Javier Cortés Zamudio, titular del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, dijo que no se ha establecido o tengan datos de que el presidente de comunidad hubiera recibido amenazas de muerte con anterioridad
Cortés Zamudio mencionó que la policía de investigación trabaja en la búsqueda de indicios que permitan tener de diversas líneas de investigación concretas, avocándose a la localización de cámaras de video vigilancia y testigos que pudieran aportar datos.
También dio a conocer que la esposa y los dos hijos menores de edad, la PGJE ya les ha otorgado las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional, por lo que el Ministerio Público está en coordinación con otras dependencias para brindarles atención sicológica.
Aunque señaló que no pueden revelar las líneas de investigación por la secrecía de las mismas, pero puntualizó que no se cuenta con ninguna línea de investigación que haga referencia a delincuencia organizada o grupos armados. Como se ha mencionado, esos hechos son aislados y distintos a lo que pudiera manejarse o entenderse como delincuencia organizada.
Por último, hay que mencionar que Hernández González de 36 años, fue localizado sin vida la noche del martes 5 de julio dentro de la patrulla que tenía asignada como autoridad comunal, con impactos de bala en diversas partes del cuerpo; además, se encontraba en compañía de su esposa e hijos que salvaron la vida. Además, la PGJE pedirá a los 60 municipios que utilicen los vehículos para seguridad pública se abstengan de utilizarlos para cuestiones personales.