Busca con la iniciativa en materia hídrica, sólo el bien de nuestro Estado.
Ante los señalamientos que esta mañana dio a conocer el Centro Fray Julián Garcés sobre la iniciativa presentada por la diputada Marcela González Castillo, en el sentido de que la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, -de acuerdo a su interpretación- pretende atentar contra el derecho de los ciudadanos al acceso al vital líquido; la legisladora se pronunció muy interesada en atender toda inquietud de la sociedad civil.
Puntualizó que dicha iniciativa tiene como objetivo principal justamente velar por el derecho humano de las personas al acceso al agua, por lo que destacó la importancia de establecer las bases, apoyos y modalidades para el uso equilibrado y sustentable para los recursos hídricos, y cuyo propósito es crear una conciencia y ejercicio responsable y participativo, como parte de una preocupación real por la preservación del recurso y el desarrollo de las y los tlaxcaltecas.
La iniciativa se fundamenta en el derecho humano al agua y durante la dictaminación de la misma, “incorporaremos una cláusula expresa que mencione que en el Estado se encuentra absolutamente prohibida la privatización del agua”, detalló la legisladora.
Cabe señalar que se trata de una iniciativa, cuyo dictamen aún espera el proceso correspondiente, es decir, en las comisiones respectivas las y los diputados llevarán a cabo el análisis y discusión, pero además González Castillo fue clara al expresar su interés por buscar el diálogo y consenso de las organizaciones y de incorporar su visión.
Manifestó su intención de escuchar las propuestas, aportaciones y acompañamiento de todos los sectores sociales y colectivos interesados, a fin de enriquecer el dictamen y reiteró su compromiso para que esta Ley sea de avanzada, respetuosa de los derechos humanos, diseñada con las organizaciones y con perspectiva social.
Reconoció la labor del Centro Fray Julián y considerar el llamado del organismo para dar garantías al derecho individual y colectivo al agua, su saneamiento, gestión integral y conservación, así como llevar a cabo foros de consulta en donde se incluya la voz de las comunidades, los comités comunitarios, la sociedad civil y la academia.
